Los efectos producidos por el “Plan Laboral” de la dictadura están a la vista, se cumplió, a nuestro juicio su objetivo: atomizar al movimiento sindical y mermar su afiliación.
En este contexto se facilitó, sin duda, la imposición del modelo neoliberal sin posibilidades de resistencia por parte de los trabajadores, reprimidos y aterrorizados por la dictadura y limitados en sus capacidades organizativas.
El empresariado en Chile se acostumbró a actuar sin una contraparte laboral en tiempos de la dictadura y pretende continuar con ello en la actualidad, por esto se ha convertido ha en el más férreos defensor de las reformas laborales introducidas bajo el régimen de Pinochet, que son la causa principal de la baja afiliación sindical y la baja cobertura de la negociación colectiva.
Los puntos centrales de dicho plan de la dictadura determinaron una nueva normativa sobre sindicalización y negociación colectiva.
Respecto a la sindicalización, se permite la creación de múltiples sindicatos al interior de una empresa y se establecen múltiples trabas para su organización, algunas de las cuales ya han sido desmontadas.
En negociación colectiva es donde se hicieron los cambios más dañinos para los trabajadores, circunscribiendo la negociación colectiva sólo al ámbito de la empresa, prohibiendo la negociación por ramas o ínter empresas, incluidas las de un mismo holding, e introduce la perversión de que no sólo negocie el sindicato sino también grupos de trabajadores que se constituyan sólo con ese fin.
En relación al derecho a huelga, introdujo la posibilidad del reemplazo de los trabajadores en conflicto, haciendo prácticamente muy difícil el uso de dicha herramienta de lucha de los trabajadores.
Sin derecho a negociar colectivamente y a que ésta sea efectiva, se desnaturaliza la función esencial del sindicato y pierde su razón de ser ante los trabajadores.
A esta legislación perversa, el empresariado le agrega las prácticas antisindicales y el amedrentamiento hacia trabajadores y trabajadoras, además del manejo engañoso de sus negocios como es la creación de múltiples figuras jurídicas al interior de una misma empresa, simulando empresas diferentes e impidiendo a las organizaciones sindicales negociar conjuntamente.
Con la ley heredada de la dictadura, aún vigente en sus aspectos fundamentales, se perdió la posibilidad de negociar los tarifados nacionales por ramas, siendo fijados ahora por los empresarios de manera arbitraria y sin dialogar ni negociar con sus trabajadores y/o trabajadoras.
Por otro lado, quedaron sin posibilidad de negociar los cientos de miles de trabajadores y/o trabajadoras temporales de la agricultura y millones más que trabajan en pequeñas unidades económicas, que en el país representan cerca del 80% del empleo total.
Los convenios firmados por la empresa con grupos negociadores, generalmente son impuestos por la empresa a los trabajadores, lo cual les impide con posterioridad participar en las negociaciones de los sindicatos existentes.
Esta práctica, así como la de hacer extensivos los beneficios logrados por los sindicatos al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras sin afiliación, han sido calificados por la OIT como prácticas antisindicales, ya que buscan desincentivar la afiliación sindical y la negociación a través de sindicatos.
Esta es una práctica generalizada en Chile y las denuncias han llegado hasta los tribunales y la propia OIT quien las ha condenado, como ocurrió en el año 2001 con la empresa Ariztía.
El efecto de la ley y la práctica antisindical es la fuente principal del debilitamiento de los sindicatos y del no-ejercicio de derechos por parte de trabajadores y/o trabajadoras.
Esto lo demuestra una investigación de la ONG Corporación Genera, que en mayo pasado presentó un estudio que establece que el miedo a perder el empleo sería un factor crucial para explicar por qué los trabajadores y las trabajadoras no ejercen sus derechos.
Su encuesta en el gran Santiago arroja como resultado que el 55% de las personas entrevistadas no ejerce sus derechos por ese temor, y que entre los y las jóvenes el porcentaje sube al 69% y en los más pobres al 76%.
Así, jóvenes y pobres están, junto a las mujeres, en las categorías de trabajos más precarios.
A su vez, el estudio establece que un cuarto de las personas trabajadoras entrevistadas declara haber vivido en el último año una situación en que sintió que sus derechos fueron vulnerados.
Sobre la sindicalización, la investigación de Genera estableció que el 90% de las personas entrevistadas declaró no pertenecer a un sindicato, lo que es consecuente con que el 87% declara que no existe sindicato en su lugar de trabajo.
Los trabajadores y las trabajadoras sin sindicalización de la muestra, en un 53% rechaza que su no-pertenencia a un sindicato sea por desinterés o falta de tiempo, y el 56% niega también que sea porque piensen que los sindicatos no sirvan para obtener beneficios.
A estas opiniones, reflejadas en la encuesta de Genera, podemos agregar las recogidas por CERC en julio recién pasado, en medio de grandes conflictos laborales, en que un 71% de las personas consultadas en el ámbito nacional opinan que “los trabajadores deben negociar mejores remuneraciones colectivamente a través de un sindicato”.
Cuatro años de trabajo con los sindicatos de la Industria del Salmón
La Burocracia Noruega se inmiscuye en la Libertad Sindical Chilena
La carta de la LO enviada a los trabajadores chilenos dice que la “Confederación Nacional de Trabajadores de Noruega, con más de 830.000 miembros y 109 años de existencia, aprovecha este medio para mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores de las empresas salmoneras de Aguas Claras Aqua Chile”.
“Según nuestra información los empresarios no muestran la voluntad de pagar un salario digno a los trabajadores.
Las negociaciones colectivas han fracasado porque los empresarios niegan a ofrecer un aumento de salario justo, vinculado al aumento en las ganancias de la empresa”, agregan los sindicalistas noruegos.
Su preocupación la muestran también por las decenas de trabajadoras y trabajadores detenidos y golpeados por la policía militar chilena.
El “lunes 11 de febrero empezó una huelga legal en AguasClaras, propiedad de Aquachile.
En puerto Montt, más de 40 hombres y mujeres fueron detenidos por la policía” dice LO.
Agrega que “exigimos que la policía respete el derecho de los trabajadores a protestar sobre la tenacidad de la patronal”.
De paso, la Central de Trabajadores de Noruega envía un mensaje al gobierno para que haga respetar los convenios internacionales que ha firmado chile respecto a temas laborales y sindicales.
“Exigimos que las empresas muestren respeto a las negociaciones colectivas, garantizadas en el Convenio 98 de la OIT, ratificado por Chile el 1 de febrero de 1999”, dice la carta.
Noruega y Chile son los principales productores de salmón de cultivo a nivel mundial.
En Chile Noruega tiene una gran presencia con empresas salmoneras privadas y donde el Estado nórdico tiene intereses.
Además en el directorio de la patronal SalmonChile, 2 de sus 5 miembros son representantes de las empresas noruegas.