En más de una oportunidad, hemos reclamado desde esta columna la necesidad de que las autoridades garanticen el orden público frente a las manifestaciones de grupos piqueteros o de otros sectores que habitualmente coartan el derecho del resto de los habitantes a circular libremente por la vía pública. También se señaló que cumplir con aquel deber constitucional no debía implicar una represión policial ilegal ni descontrolada.
En los últimos días, luego de numerosas promesas incumplidas por sus funcionarios, el gobierno nacional exhibió por fin voluntad de evitar el caos al que desde hace mucho nos tienen acostumbrados algunos violentos de siempre. Tanto en la víspera como el viernes último se logró abortar el proyectado corte del tránsito sobre el puente Pueyrredón, al igual que la posibilidad de que grupos de piqueteros volvieran a acampar en la histórica Plaza de Mayo.
El cambio de actitud del Gobierno, tan esperado por el ciudadano común que sufre a diario las severas restricciones y violaciones de sus derechos amparados por la Constitución nacional, se produce dos meses antes de las elecciones legislativas, en momentos en que distintos sondeos de opinión pública reflejan el hartazgo social respecto de los abusos de los piqueteros y de la llamativa permisividad de las autoridades.
Cabe preguntarse si había que aguardar a que la presión social amenazara con afectar las perspectivas electorales del oficialismo para tomar medidas que desde hacía mucho tiempo dictaba el sentido común.
En efecto, el Poder Ejecutivo ha tenido una actitud ambivalente, porque pasó de alentar indirectamente este tipo de actos -cabe recordar que el propio presidente Néstor Kirchner agitó el instrumento del boicot a la empresa Shell- o de tolerarlos con el argumento de que no se iba a criminalizar la protesta social, a expresar su preocupación cuando los cortes y manifestaciones llegaron a un nivel políticamente irritante para una sociedad que se encamina hacia las urnas.
"Quiero saber dónde están los señores fiscales y jueces para que apliquen las leyes que corresponden para aquellos que están violando todas las normas", expresó el doctor Kirchner recientemente. Por un lado, tales afirmaciones parecen otra indebida y manifiesta intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial. La oportunidad en que se produjeron esos dichos presidenciales también da cuenta de que su invocación a los jueces y fiscales sólo se circunscribe a los delitos cometidos por las fuerzas de "ultraizquierda" y no a los de otra ideología o facción.
Frente a ello cabe preguntarse, por ejemplo, si los bloqueos que dispone el titular de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de camioneros, con aceitados contactos con el gobierno nacional, no son merecedores de ser calificados de delitos y, por consiguiente, pasibles de ser sancionados con idéntico rigor. La metodología utilizada por Moyano consiste en impedir el ingreso de mercaderías, indispensable para el abastecimiento y normal funcionamiento de los supermercados, en una evidente maniobra extorsiva para obtener "bajo presión" el cambio del encuadramiento sindical de los trabajadores que realizan tareas de logística en los supermercados, que revistan en la órbita del convenio mercantil, al gremio de los camioneros.
No puede perderse de vista -y mucho menos por quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia- cuál es el límite entre la legalidad y la ilegalidad. Si esa frontera aparece desdibujada y la posición de las autoridades es tolerarla o en algunos casos alentarla, el sistema mismo empieza a resquebrajarse. En consecuencia, resulta indispensable que desde el Poder Judicial se marque que no es posible en una sociedad que se precie de civilizada que cada uno haga lo que le parezca sin respetar el derecho de los demás.
La metodología de protesta piquetera plantea un atajo peligroso que debilita pilares básicos del sistema institucional no sólo porque se violan las normas constitucionales, sino también porque se vulneran los preceptos esenciales para canalizar el reclamo ciudadano y se apela a la violencia como instrumento para la prosecución de los fines. Estas conductas son siempre punibles. Tanto si provienen de la derecha como de la izquierda; tanto si se producen antes o después de unas elecciones. La ley no hace distingos de ningún tipo al respecto. Y así debe ser.
Editorial La Nación; hacer click aquí.
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