La provincia de Buenos Aires y los hipócritas
En una sociedad acostumbrada a las novedades cotidianas en materia política y económica, los inconvenientes estructurales suelen quedar opacados. Es cierto que, en ocasiones, dichos temas logran aparecer como titulares de los diarios. Pero vuelven luego a perderse en la maraña de noticias, por lo menos hasta que su crónico agravamiento los torna nuevamente destacables.
Es, sin duda, el caso de las dificultades fiscales provinciales. A la provincia de Buenos Aires le faltan fondos para afrontar el pago de los aguinaldos . Córdoba, en su desesperación, ha llevado adelante un reclamo ante la Corte Suprema para que el gobierno nacional le pague una deuda correspondiente al sistema previsional. Y hay, por supuesto, muchas otras jurisdicciones en problemas.
El desafío que enfrenta un gobierno provincial o municipal es perfectamente resumido por la casi obvia frase de un economista amigo: "cuanta más gente y menos plata, más difícil es". En ese sentido, no hay complicación más grande que la correspondiente a la provincia de Buenos Aires. La misma contiene el 40% de la población total, la mayor proporción de cualquier déficit social en el que se ponga el foco, sea pobreza, desempleo, indigencia, falta de red cloacal o agua potable, deserción escolar, precariedad de las viviendas, etc. A pesar de ello, es la anteúltima provincia de acuerdo a su nivel de gasto público por habitante: su nivel es apenas superior a 6000 pesos anuales, casi la mitad del promedio de todas las jurisdicciones y un quinto de la más favorecida, que es Santa Cruz. Y, lamentablemente, su dinámica fiscal augura un peor escenario a futuro.
Desde el 2007 a la fecha, el gasto público en la provincia de Buenos Aires creció un 179%. Eso representa una suba equivalente al 29% anual que, una vez descontada la inflación, implica un aumento real anual de más del 6%. El fisco provincial logró elevar su propia recaudación exactamente al mismo ritmo que sus gastos . Pero no pasó lo mismo con los recursos (automáticos y discrecionales) transferidos desde la Nación: en términos reales, su ritmo de aumento fue menos de un tercio que el de los ingresos propios.
Esta situación es inversa a la que tuvo lugar en el período 2003-2007 y además se agrava cada año debido a dos motivos. El primero es que esos fueron tiempos extraordinarios, de un crecimiento real imposible ahora de repetir. Son pocos los gobernantes que no se han dejado tentar por esa economía en fuerte alza y la abundancia de recursos para incurrir en mayores e insostenibles erogaciones. Las excepciones están principalmente dadas por administraciones previsoras o fogueadas, como Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, San Juan y San Luis. Pero por lo general, a la hora de manejar los recursos, de muy poco parecen haber servido las experiencias de fiscos quebrados de otros tiempos.
La segunda causa, en cambio, no está relacionada con las decisiones autónomas del gobierno bonaerense sino con la continua pérdida de participación de la Provincia en el total de los fondos que se generan. Cada vez que el Tesoro nacional enfrenta desafíos fiscales recurre a nuevas fuentes de ingresos que no comparte con las provincias. El aumento de precios internacionales y en las alícuotas de retenciones constituye un primer paso, al que le sucedió en 2009 la re-estatización del sistema previsional. Luego fue el turno de las reservas del Banco Central y finalmente del financiamiento por vía de emisión monetaria. Todos estos son dineros que el Gobierno Nacional no comparte con las provincias y se reserva siempre para sí.
En el caso de Buenos Aires se agrega un componente más: la lógica del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB), hoy totalmente subvertida. Por ese esquema, que comenzó a funcionar en el año 1992, se reservaba una porción del impuesto a las ganancias. La misma se distribuía primero a Buenos Aires hasta alcanzar los 650 millones de pesos, siendo el remanente repartido entre el resto de las provincias. Durante la convertibilidad, la cifra total rozó un máximo de casi mil millones de pesos, y la porción correspondiente a Buenos Aires nunca descendió del 66%.
Luego de la mega devaluación, el crecimiento y la inflación engrosaron la bolsa de recursos del FCB hasta alcanzar su nivel actual: 13.500 millones de pesos. Sin embargo, a Buenos Aires le siguen correspondiendo los mismos $650 millones. Hoy su asignación es sobrepasada por la de otras seis provincias. Córdoba, Chaco, Entre Rios, Mendoza, Santa Fe y Tucumán ya reciben más que ella. Santiago del Estero también está cerca de agregarse a este lote y, de no haber cambios, con el correr del tiempo, se sumarán otras jurisdicciones. Esta situación es tan ridícula que, si se eliminara el estatus especial de la provincia y fuera tratada como una más, percibiría casi cinco veces más. Y si recibiera aquel 66% del total en lugar del 5% actual, le corresponderían casi 9000 millones de pesos, cifra con la que estaría en condiciones de cubrir casi la totalidad del rojo de sus cuentas.
Por su magnitud, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor porción de desafíos sociales. Es la jurisdicción con más gente, y una de las dos que menos dinero tiene para gastar por habitante. En ella se encuentra el principal problema social, económico y político del país: el conurbano bonaerense. Sin dudas que una mejor administración es fundamental a la hora de optimizar los recursos disponibles. Pero si no se resuelve el problema estructural de la disponibilidad de fondos, toda preocupación que se exprese por la calidad de vida y el futuro de millones de bonaerenses sólo puede considerarse como parte de un hipócrita discurso político.
Una semana atrás, sobre el mismo tema, referenciamos acá en el Blog de Abel el informe de Alejandro Arlía "Buenos Aires la provincia de las paradojas", elaborado hace ya un par de años.
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