"Por supuesto que no", dijo un contralmirante en actividad, calmosamente.
"No hay ningún golpe inminente.
Pero el gobierno tampoco hace nada por evitarlo."
Un pronunciamiento militar contra el poder civil suele ser la consecuencia de una ruptura violenta, de un mutuo desgaste o de dos actitudes inconciliables frente a un mismo problema.
Las dos primeras hipótesis no parecen posibles, porque el diálogo entre el Gobierno y Fuerzas Armadas sigue siendo nulo, y para que haya pelea, cualquier forma de contacto es imprescindible.
Sólo la tercera disyuntiva podría cumplirse, a través de algunas variantes previsibles.
Hay tres: la convocatoria a elecciones provinciales en 1967 para renovar Gobernadores; la pasividad oficial ante las insurrecciones izquierdistas en América latina y la politización de los claustros universitarios.
De todas ellas, la más peligrosa es ciertamente la primera, debido a la posibilidad de que el peronismo triunfe en estados claves como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
De ocurrir esto, un frente golpista capitaneado por los militares de alta graduación precipitaría la caída del gobierno o por lo menos la remoción de sus figuras claves.
Así se desprende de las recientes declaraciones públicas formuladas por los oficiales durante los festejos de la Revolución Libertadora.
Para evitar una situación semejante, se ha recurrido a una medicina preventiva: la advertencia.
"No vamos a custodiar comicios que tal vez al día siguiente desconozcamos", dijeron al ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, en un almuerzo varios jefes con mando.
Inevitablemente el gobierno deberá consultar a los cuadros castrenses para obtener la custodia de esos comicios,
Y ese será el momento de la reiniciación del diálogo (no hay otro anterior previsto) entre el Poder Ejecutivo y las autoridades militares, desde que la obsesión legalista impuesta por el triunfo azul lo interrumpiera hace dos anos.
Antes de que esto ocurra, de no mediar causas imprevisibles, Gobierno y Fuerzas Armadas seguirán estudiándose de cerca.
Para esa fecha, los jefes militares habrán hecho un acopio suficiente de fracasos administrativos y políticos de la gestión gubernamental que sirvan para reforzar sus exigencias.
Se anotarán en esa carpeta la "radicalización" de la función pública, la deficitaria reestructuración de los ferrocarriles, la paralización de las inversiones extranjeras, la importación de petróleo y la falta de ejecutividad.
También figurarán en el temario los problemas, políticos: el avance de las ideas comunistas que —según los militares— han invadido el claustro universitario y la radiodifusión, y la riesgosa actitud de expectativa ante las rebeliones izquierdistas en el continente.
Pero estas dos acusaciones, apuntadas como variantes de un posible planteo, difícilmente puedan concretarse antes de 1967.
El memorándum que algunos oficiales hicieron circular entre altos funcionarios, solicitando la intervención da la Universidad de Buenos Aires, llegó a manos del Presidente Illia pero sólo por la vía extraoficial, pues nadie quiso asumir la responsabilidad de presentarlo.
Y los temores de que el gobierno embandere su política exterior con el apoyo a una revolución izquierdista son muy remotas: no es su estilo adoptar decisiones comprometedoras.
Lo único que quedará fuera será precisamente uno de los problemas que más irrita a los militares: la presencia de un gobierno paralelo capitaneado por el Comité Nacional del radicalismo del Pueblo.
La figura de Ricardo Balbín es, quizá, más criticable que la del propio Presidente Illia para las Fuerzas Armadas, pero su investidura es invulnerable.
Desestimadas todas las posibilidades de un golpe inminente, a las que se agrega ahora la proximidad de las maniobras militares de fin de año y los pases y cambios de destino, el gobierno duerme tranquilo.
Pero sus sueños no impiden que la realidad se complique cada vez más.
La reciente advertencia del Secretario de Guerra fue muy clara:
"Los enemigos de la Nación no deben gozar, para derribarla, de los mismos derechos y libertades que corresponden a quienes trabajan para engrandecerla.
El Ejército confía en que quienes tienen la responsabilidad de la conducción del país, no admitirán el resurgimiento de sistemas que buscan la supresión de la Democracia.
Si así no fuera, resurgirá el espíritu que generó la Revolución Libertadora.
Nuestros cuadros mantienen en todo su vigor la antorcha de la libertad y la actitud para oponerse a cualquier posibilidad que constituya un riesgo.
El Ejército anhela que aquellos que ocupan posiciones políticas espectables honren con su quehacer su proclamada vocación democrática", dijo el general Ignacio Avalos en el homenaje a la sedición de 1955.
Ese mismo día, pocas horas después, el almirante Isaac Rojas descargó una amenaza parecida:
"La vigencia de los principios de la Revolución Libertadora es tal que la paz terminará en cuanto se los quiera negociar".
Simultáneamente, en Córdoba, el general Arturo Ossorio Arana sentenciaba:
"La pretensión de retorno debe ser disipada cuanto antes, y de raíz".
Para materializarlo, abogó por el mantenimiento de la unidad de las Fuerzas Armadas.
Al día siguiente, los sueños oficialistas se convirtieron en abrumadoras pesadillas que comenzaron a inquietar a los estrategos políticos,
"La única manera de adelantarse a un triunfo peronista es neutralizarlo por anticipado", se escuchó decir en una de esas reuniones.
Y la mejor manera parece ser la de admitir candidatos extraídos del peronismo político:
"Un gobernador desvinculado de las ataduras sindicales es más potable para las Fuerzas Armadas".
Los nombres de Raúl Matera y Alfredo Gómez Morales fueron girados con la misma aceptación con que un general de brigada en actividad propuso los de varios oficiales retirados.
La única posibilidad radica ahora en que la lista de candidatos surja de una elección interna, donde Augusto Vandor y Andrés Framini sean desplazados.
Los esfuerzos del radicalismo del Pueblo convergen hacia un solo objetivo: pactar con el peronismo antes que con las Fuerzas Armadas.
Pero esta maniobra ha sido advertida por algunos generales:
"En las filas del oficialismo existe una clara lucha entre los partidarios de la Revolución Libertadora y quienes desean confraternizar con el peronismo", reveló el general Emilio Bonnecarrére,
Del éxito de esas negociaciones de donde, en gran parte, la estabilidad institucional de los dos últimos años de gobierno.
Mientras tanto, los jefes y oficiales estudian también su estrategia: la que les permita mantener la unidad militar, aun en caso de arremeter contra el Presidente de la República.
Sin embargo, cuando están por cumplirse los dos primeros años de la Administración Illia, se precipitó la que carece ser más grave discordancia entre el pensamiento del Ejército, expresado otra vez por su Comandante en Jefe, y el del PE, voceado por el Ministro del Interior.
La semana pasada se daba a conocer el texto de la carta que el general Juan Carlos Onganía envió a su colega uruguayo, en la cual señala la necesidad de "construir una barrera ideológica como medida preventiva contra el enemigo comunista".
Juan Palmero aseveró, en cambio, que no creía necesario levantar esa muralla y estimó que la mejor forma de combatir el comunismo "es afirmar los conceptos democráticos".
Quince días atrás, el propio Palmero, comentando los resultados de las elecciones municipales de Río Negro consideró derrumbado "el fantasma comunista" en la Argentina, basándose en un índice demasiado lírico: los 259 sufragios que el PC, legal en Río Negro, cosechó en las urnas.
Los nombres de los dos —el Comandante en Jefe y el Ministro— poblaron las voces de los comensales que se concentraron, la noche del viernes pasado, en el restaurante Lo Prete, de Buenos Aires.
Medio millar de oficiales en retiro y civiles pertenecientes a los des bandos tradicionales (azules y colorados), más unos pocos jefes en actividad, se sentaron "donde les convenga", de acuerdo a la invitación del brigadier (R) Jorge Rojas Silveira.
La presencia de los generales Julio Alsogaray, Manuel Soria y Mario Fonseca, y la del coronel Tomás "Conito" Sánchez de Bustamante parecía obedecer a una vocación por el diálogo sin mutuas prevenciones.
Esa actitud no impidió, sin embargo, que cierta atmósfera de nerviosa perplejidad se abatiera el sábado a la mañana, sobre el Comité Nacional de la UCRP.
Algunos de los dirigentes oficialistas se preguntaban, entonces, si el Lo Prete no se habría transformado en una nueva Jabonería de Vieytes.
La estrategia oficialista
La semana pasada el oficialismo admitió que habían amainado las tensiones que hacían factible un presunto golpe militar y emprendió un alegre trajinar de candidaturas para las elecciones de Gobernadores de 1967.
La perspectiva no logró esfumarse, pero se concentra en un punto preciso para el cual, hasta ahora, ni el partido gobernante ni el ámbito áulico de la Casa Rosada, tienen respuesta: el peronismo.
En el esquema pasa a segundo lugar la inquietud manifestada por los jefes militares, de que hay que frenar el avance de la influencia comunista.
Se retoma la experiencia del frondicismo con el argumento de que su gobierno, pese a los renovados, ataques y planteos por lo que se interpretaba como tolerancia, inclusive en los medios universitarios, fue destituido sólo cuando la derrota electoral de 1962 abrió las compuertas al peronismo; se estima que el anticomunismo, que fue utilizado como pretexto de cuartelazos en América latina que terminaron derrumbando democracias, por sí solo no es factor aglutinante de una revolución, ya que no lograría justificativo público suficientemente evidente.
Existe la impresión de que el sector militar azul advierte esto con claridad; no así los grupos colorados; empeñados en aislar el anticomunismo y convertirlo en la razón fundamental contra el gobierno: el caso Santo Domingo les sirvió de ensayo general.
Frente al horizonte electoral el oficialismo se bifurca en dos líneas: los que creen que hay que triunfar de cualquier manera, y los que se preguntan cómo.
Los primeros fomentarían la proscripción peronista por la vía coercitiva del Estatuto de los Partidos con su aplicación en toda la letra.
Parten de la base de que el peronismo, salvo en condiciones muy limitadas, y previa consulta con los sectores militares, no podrá inapelablemente ir a las urnas en provincias importantes (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba).
Los segundos descartan la proscripción, pero entre ellos abundan matices: unos toman como pauta la elección de Catamarca, donde la UCRP triunfó sobre los justicialistas sin hacer antiperonismo; sencillamente, dicen, con el programa del partido y la promesa de cumplirlo hasta el fin.
El eje de este sector es el grupo de Senadores acaudillados por Ramón E. Acuña (Catamarca) y Ricardo Bassi (Capital Federal), que se autotitulan "Replanteo Autocrítico".
Confiesan un límite por ahora insuperable: la orientación que sigue la política económica no sirve para atraer votos (el jueves 23 trataron de introducir en el bloque senatorial de la UCRP un proyecto de ruptura con el FMI y el viernes, desalentados, renunciaron a su bloque).
Otros se mantienen a la expectativa: creen que el peronismo se precipitará en un proceso de hondas divisiones que lo alejará del triunfo electoral.
Estos grupos no proscriptivos alientan la esperanza de un acuerdo con Perón por la vía de ciertas franquicias para los negocios del interdicto Jorge Antonio.
Entre tanto, la opinión del Presidente Illia se desconoce.
Unos pronostican que, por temperamento, no proscribirá; otros entienden que si es necesario, lo hará.
Durante la semana circularon no pocas especulaciones sobre los planes supuestos de Illia, basados sobre hechos y presunciones marginales:
• El Subsecretario del Interior, José Luis Vesco, cuestionado por los militares a raíz de supuestas afinidades con el comunismo, tendría el aval del presidente para candidato a Senador por Córdoba, a elegirse el año próximo (motivo: cubrir la vacante, por fallecimiento, del Senador Mario Zinny), de esta manera se desplazaría a Vesco de funciones claves, desde Interior, para el manejo del proceso político.
• Negativa del Presidente, el martes 21, a recibir en audiencia al renunciante Subsecretario de Minería, Luciano Catalano, considerado amigo personal, ex asesor del gobierno de Amadeo Sabattini y consultado por los grupos del radicalismo de Córdoba más adictos al programa partidario.
Se interpretó que esa actitud importa un respaldo para el equipo económico, que logró el acceso del Secretario Alfredo Concepción al frente de la flamante Secretaría desatando así el retiro de Catalano,
• Un pedido de renuncia al Director de Ceremonial, de Presidencia, Garlos A. Dimasi, sin que se conozcan los motivos..
Este funcionario ordena las audiencias solicitadas al Presidente.
• La perspectiva de que un brigadier, por acuerdo de las tres Armas, asuma la jefatura de la Casa Militar a fines de 1965.
Actualmente se desempeña en ese cargo el general Manuel Soria, antiperonista, a quien la UCRP considera "un puntal del gobierno".
Pero el puesto debe rotarse cada dos años y ahora le toca el tumo a la Aeronáutica.
• Al mismo tiempo, se valoraba la cantidad de colorados designados en el Servicio Exterior (y para los cuales prestó acuerdo el Senado, el jueves pasado); entre ellos, Alberto Houssay, Antonio Cristophersen y José Guillermo Zavala Ortiz, sobrino del Ministro de RR.EE.
Aunque también se nombró a Manuel Alberto Álvarez Pereyra, Cónsul en Beirut y Bombay del régimen peronista: iría al Paraguay, como secretario del Embajador Carlos Jorge Kosas.
En cuanto al partido, donde generalmente las especulaciones se manejan con mayor libertad, se ventilaron críticas al Ministro de Defensa, por haber "respaldado" en Chile al Comandante en Jefe del Ejército.
Piensan que Leopoldo Suárez se excedió, pero las opiniones aparecen divididas; hay quienes entienden que el gobierno subestimó la fuerza del general Onganía, tratando de provocarle un deterioro que puede agudizar las tensiones y cerrar el camino a futuras tratativas; por eso, las declaraciones de Suárez habrían intentado una revaloración de Onganía.
Curiosamente, los conductos partidarios, menos vulnerables al optimismo, tratan ahora de calibrar la influencia del coronel Alcides López Aufranc.
Un dirigente de la UCRP señaló a Primera Plana:
"Tiene la típica conformación de un militar, y un prestigio tal que puede manejarse con mucha independencia de Onganía.
Algunos planes militares que se desplegarán en el campo político para 1967 giran alrededor de él.
Los peronistas le ofrecerán la candidatura a Gobernador por Buenos Aires".
Verosímil o no esa sospecha, lo cierto es que el balbinismo extrajo, sin mayor preocupación, a su propio candidato para Buenos Aires, el jueves pasado: es el Diputado nacional Raúl Alfonsín.
La estrategia peronista
"Estamos observando un paulatino enfriamiento en las relaciones del sindicalismo peronista con los sectores Patronales y el Estado, especialmente a partir del 9 de setiembre último, cuando la Confederación General del Trabajo instruyó a sus cuadros medios para que reanudasen el interrumpido Plan de Lucha", se ocupó en señalar a Primera Plana, cinco días atrás, un funcionario permanente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, .
"La rebelión empieza aquí", bramó el jueves 9 José Alonso ante sus enfervorizados lugartenientes; algo más que una rebelión meramente social y sindical alentaba, no obstante, a los organizadores de la concentración porque
Augusto Vandor —cuyo Sindicato Metalúrgico obtuvo hace poco un aumento sin precedentes del 35 por ciento— vituperó, sin dar nombres, los intentos golpistas de algunos militares y acusó al Pentágono de los Estados Unidos por la postración económica argentina.
Se comprendió de inmediato que la CGT trataba de responder a las versiones que indicaron la inminencia de un estallido militar destinado a neutralizar al comunismo y luego al peronismo.
"Los observadores estiman que el peligro comunista en Argentina constituye, por ahora, un pretexto antes que una realidad peligrosa" explicaba dos días más tarde Henri Janières, a sus lectores de Le Monde, de París.
"El comunismo sería explotado para lanzar una nueva operación destinada a cerrar la ruta del peronismo; su mecanismo sería el siguiente: el Ejército estima que en 1967 el justicialismo ganará las elecciones de Gobernadores de provincias, prefacio de la elección presidencial de 1969.
Como parece poco conveniente anular las elecciones después del escrutinio —como ocurrió en marzo dé 1962— el Ejército preferiría actuar preventivamente; el golpe de Estado sería entonces dirigido contra un gobierno juzgado impopular y poco capaz de reconstruir la situación económica."
Si las visiones fueran reales, si los militares argentinos estuviesen decididos a impedir el acceso peronista, a otras posiciones gubernativas, la nueva actitud "dura" de la CGT —dominada por peronistas— tendría una raíz táctica: indicaría el retorno del peronismo a las trincheras de donde salió en 1962 para negociar con los políticos adictos al Comando Azul, del Ejército, una solución a su ilegalidad.
"Por el momento, intentamos el avance a través de dos vías: presionamos para obtener una salida electoral honorable sin olvidar que un golpe de Estado acortaría nuestro camino hacia el poder", explicó un dirigente cegetista a Primera Plana, el viernes pasado.
Admitió que existen aún informales y oficiosos contactos con oficiales de las Fuerzas Armadas, pero negó que se esté tramitando un acuerdo para que el peronismo vote en Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba a algún candidato con placet militar.
Es sintomático, en este sentido, que el gremialismo haya inscripto el nombre de Rosendo García —el principal lugarteniente de Vandor— en todos los muros de Avellaneda como un anticipo de quien, dentro del sector, figura con posibilidades más firmes para la candidatura a Gobernador de Buenos Aires, en 1967.
Sin embargo, el lunes 13 de setiembre se reunieron en forma secreta los integrantes del Comité Central Confederal de la CGT y los medios comunistas lanzaron el rumor dé que se habría tratado la situación militar.
Si estalla un golpe — concretan los peronistas— se anula también la última alternativa civil que existe para la Argentina: el gobierno de Arturo Illia.
Entonces, el peronismo queda a la cabeza de la oposición al sistema dictatorial que surja y, o lo combate hasta extinguirlo y llegar al poder, o negocia con la dictadura un apoyo de, según estiman, será imprescindible.
Porque "no es juicioso suponer que un nuevo gobierno militar desemboque en otras elecciones" objetan.
"Históricamente, el fracaso de los golpes militares argentinos —1930, 1943 y 1955— residió en la ausencia de apoyo popular."
Otro importante sector del peronismo —caudillos provinciales neoperonistas— postulan la salida electoral como la única posible: coinciden con los sindicatos en oponerse a las últimas instrucciones de Juan Perón porque la formación de un nuevo comando nacional justicialista "sirve sólo para interrumpir la formación de un poderoso Partido Peronista, capaz de imponer con su presencia —independiente de las órdenes de Perón— la aceptación de sus candidatos en 1967 o, en el peor de los casos, negociar con el régimen de Arturo Illia y las Fuerzas Armadas las condiciones de la concurrencia (privando de estos poderes al exilado en Madrid).
Otros dos sectores —cuantitativamente pequeños— confesaron sus intenciones a Primera Plana: la Unión Popular estima que se ha abierto un período de tratativas donde Juan Perón (a través de los Estados Unidos, sostienen) negociará con los factores de poder argentinos la admisión de su Movimiento —lógicamente, a través de Unión Popular— en 1967.
Los dirigentes del Frente Argentino Justicialista, Diputados Edgar Sá y Francisco Rodríguez Vigil, además de Enrique Pavón Pereyra y Alfredo Tapia Gómez, estimaron, al cabo de la semana, que las posibilidades de un golpe son cada día más lejanas.
Ellos —que se atribuyen contactos con el Ejército— piensan, que los militares no reaccionarán si un triunfo peronista conmueve a las gobernaciones en 1967.
"A lo sumo, los militares se interesarán por ubicar un candidato adicto, en 1969, cuando se discuta la sucesión de Arturo Illia."
"El golpe de Estado no es un resorte del peronismo, está en la génesis del antiperonismo, es algo que nosotros no podemos modificar" respondió, finalmente, un vocero del Movimiento Revolucionario Peronista.
Para ellos, el estallido de un golpe de Estado señalaría el definitivo encauzamiento del peronismo en la vía subversiva: un abandono de la semilegalidad actual que acabaría por entregarle al MRP la conducción de la fuerza justicialista.
primera plana
28 de septiembre de 1965
