El 22 de octubre de 1985, el presidente Raúl Alfonsín,
mediante el decreto 2049, ordenó la detención de 12 personas por presuntas
vinculaciones con un "complot golpista".
Fue la reacción ante una escalada de violencia que había
comenzado seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la
detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la casa del
ministro del Interior, Antonio Trócoli, y en el estacionamiento del Edificio
Libertador, entre otros sitios.
Entre los doce acusados por el alfonsinismo estaban el ex
general Guillermo Suárez Mason junto a otros cinco militares y seis civiles,
entre ellos el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio
Rodríguez, del diario La Prensa, y Jorge Vago, director de Prensa Confidencial.
El 25 de ese mes se dictó el estado de sitio en todo el país
por sesenta días y se denunció una conspiración contra el orden constitucional.
"El Poder Ejecutivo detectó grupos que, en la
clandestinidad, pretendieron llevar adelante una campaña de temor, de
amedrentamiento, de caos para quebrar la armonía del clima preelectoral",
anunció el gobierno radical, en referencia a las elecciones que finalmente se
celebraron el 3 de noviembre de 1985, bajo el estado de sitio.
El 9 de diciembre se levantó esa medida extraordinaria, y a
mediados del año siguiente la jueza Amelia Berraz de Vidal dictó el
sobreseimiento de los imputados, con excepción de Suárez Mason.
El domingo 3 de noviembre de 1985 se renovó la mitad de la
cámara de diputados del Congreso de Argentina.
La Unión Cívica Radical, en el gobierno desde 1983, mantuvo
la mayoría absoluta en la cámara y logró el 43 % de los votos.
El Partido Justicialista fue divido en varias listas por
distrito resultó la segunda fuerza combinada con el 34 % de los votos.
Diversos partidos se repartieron los votos restantes, siendo
la tercera fuerza el Partido Intransigente, con el 6% y la cuarta, la Alianza
de Centro, con el 2,88%.