Se autodenominan Familia; de Tijuana a Ushuaia; ver notas del Universal de Méjico.
Ser pariente, compadre o amigo de un juez, magistrado o ministro es garantía de empleo en el sistema judicial mexicano, sin importar cuáles sean los méritos y las capacidades del influyente en cuestión.
Lo sabía todo el país, pero apenas ahora lo confirma el Consejo de la Judicatura con base en una investigación propia.
Un emblemático ejemplo de nuestro rezago civilizatorio.
Como en la época feudal, la administración pública es generosa con la estirpe, con el linaje, más que con los conocimientos y el talento de tantos otros plebeyos sin la suerte de nacer bajo las sábanas pagadas por el presupuesto estatal.
La práctica afecta todas las esferas del Estado, desde la educativa hasta la petrolera, pasando por el ámbito sindical y hasta el político, con el agravante en los primeros dos casos —y en varios más— de que la costumbre se encuentra legalizada a través de leoninos contratos colectivos de trabajo.
Napoleón Gómez Urrutia, el minero que nunca trabajó como tal pero que heredó el liderazgo gremial de su padre, es el mejor ejemplo.
El sistema fomenta la sensación entre los ciudadanos de que la nuestra no es más que una oligarquía disfrazada de democracia, en la que la superación personal por medio de la preparación y el esfuerzo son inútiles frente al poder del parentesco y la influencia.
De manera calculada la clase política mexicana ha ignorado la necesidad de reformar el sistema de palancas para sustituirlo por uno de méritos y conocimientos.
En el caso que hoy nos ocupa, no basta con que el Consejo de la Judicatura diagnostique el mal y mande un memorándum exhortando a actuar éticamente.
Debe promover un plan de carrera que determine la entrada, el ascenso y las prestaciones.
De esa manera sabremos que nuestros jueces y magistrados son los mejores, no los mejor recomendados.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45702.html
Al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, la necesidad lo llevó a lo que después sería su vocación: juzgar.
Y la vocación a hacer del Poder Judicial su vida.
Lo que no se sabe es si el Poder Judicial entró a su casa o si el Poder Judicial es la casa de la que nunca ha salido.
Como sea, se dice que es un hombre de familia y que forma parte de la llamada "familia judicial".
"El ministro Ortiz Mayagoitia es un hombre común en términos medios, estudios profesionales sólo a nivel de licenciatura, más de 30 años de ejercer la judicatura, todos ellos casi al servicio del Poder Judicial de la Federación, con un año de inicio en el fuero común de mi estado, en un juzgado de Poza Rica.
"Diría yo que soy buen padre de familia; en términos de logros reales tengo tres hijos, todos ellos casados, todos ellos profesionistas.
Tengo su cariño, su respeto; igualmente sucede con mi esposa.
Dentro de los estándares medios creo que me ubico perfectamente".
Con estas palabras se definió a sí mismo quien hoy encabeza al Poder Judicial de la Federación, a finales de 2002, en una entrevista concedida a quien esto escribe, publicada en el libro Los rostros de la Suprema Corte.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/147272.html
O Bielsa, en Clarín, hace una década.
Siempre según los diarios, el juez Oyarbide, favorecido con otra licencia con goce de sueldo y de quien se rumoreaba que vivía un rapto místico, acaba de zanjar las diferencias doctrinales que mantenía con Dios.
Este ya está ocupándose personalmente de quienes más dañaron la imagen del abogado.
Una prueba de ello es que Mirtha Legrand se quedó sin programa.
La doctora Roxana del Valle Rogovsky Tapia, en otra demostración de que la vida imita al arte, se copió de la literatura y contrató a uno o dos nŠgres, como Dumas padre, para que le redactaran las sentencias, con el fin de mejorar su superioridad comparativa y su ventaja competitiva.
Todos estos episodios han causado estupor y escándalo, aunque en realidad lo sorpresivo -el verdadero fenómeno- habría sido que no sucedieran cosas como las que suceden, si tomamos en consideración el modo como el Poder Judicial de la Nación recluta sus recursos humanos, cómo controla su desempeño y con qué criterios promueve a sus hombres.
Más aún, es desconcertante que no sean conocidas por el gran público cosas que en los pasillos de Tribunales son secretos a voces.
La mayor parte de lo que se denomina la familia judicial conoce esos secretos y videos, y casi todos los padecen.
En realidad, ¿quién puede convivir en paz, unión y concordia con la ineficiencia, la corrupción, la lentitud, la iniquidad, la burocracia, la desconfianza, la desjerarquización, y otras voces y otros ámbitos?
Sólo lo logran unos pocos, los que sorben mansedumbre de los trajes de seda Kenzo, o miran la jubilación al alcance de una pedrada, o bien se deben al apellido que les legaron los antepasados.
Por todo ello es que no resulta difícil coincidir con el diagnóstico de los males judiciales.
Más difícil es acordar respecto del medicamento para remediarlos.
Los de los trajes de seda piensan que al techo de Tribunales no le iría nada mal una mano de pintura...
Los que sufren arriesgan cambios de competencia, incorporación de tecnología, meritocracia y otras grajeas de un mundo feliz.
En todo caso, coincidiremos en que es difícil acertar respecto del modelo de Justicia que se quiere, cuando no se sabe hacia qué modelo de mundo vamos.
¿Qué mundo?
¿Un mundo donde el 20 % que concentra el 80 % de las riquezas estuviera dispuesto a ceder algo, para que el 80 % que dispone del 20 % de las riquezas pudiera comer algo?
¿O un mundo donde fuese políticamente correcto el hecho de que una empresa despliegue el mismo movimiento económico que siete países sumados?
¿Qué jueces, por otra parte?
¿Jueces de los que hay que desconfiar -como se lo preguntan algunos intelectuales, por ejemplo, en Francia- porque se han vuelto ingobernables de tan independientes?
¿O jueces poco confiables porque se volvieron imprescindibles de tan gobernados por otro poder?
Mientras estas preguntas no tengan una respuesta siquiera aproximada, jueces y magistrados seguirán padeciendo como hasta ahora, de dos en dos, de vez en vez.
También los judiciales seguirán sufriendo como hasta ahora, en el horario habitual de 7.30 a 13.30. http://edant.clarin.com/suplementos/zona/1999/02/07/i-00301e.htm
Como el Estamento Clerical del Antiguo Regimen, sienten que debe estar “inmunes” de las cargas del “comun”, como los Impuestos; porque atenta contra la “investidura”.
Ver Nilda Garré y Darío Alessandro, La Nación, jueves 23 de octubre de 2003
El 30 de noviembre de este año -cuando termine el período de sesiones ordinarias del Congreso- caducará un proyecto de ley por el cual se obliga a los jueces a pagar el impuesto a las ganancias.
Ese proyecto, presentado en su momento por el Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción de Diputados, pero para convertirse en ley necesita la sanción del Senado antes de que finalice este año.
De otro modo habrá que volver a empezar.
En él se establece que los jueces y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público paguen el impuesto a las ganancias, como el resto de los ciudadanos.
Algo tan sencillo como eso no debería ser tan complicado de consensuar.
Supone, simplemente, eliminar un privilegio que siguen teniendo algunos funcionarios públicos.
La ley 24.631
La historia de la aplicación de este tributo a los jueces ha tenido sus idas y venidas: en marzo de 1996 se sancionó la ley 24.631, que eliminó la exención del impuesto a las ganancias para legisladores y jueces.
Los legisladores pagamos el impuesto a las ganancias desde entonces.
Sin embargo, un mes después, la Corte Suprema, por medio de la Acordada 20/96, declaró a dicha ley inaplicable a los jueces, funcionarios judiciales y causahabientes, por lo que aún continúan beneficiándose con la exención.
Hay que señalar que esa acordada la dictó el máximo tribunal, de oficio y sin caso concreto.
Es decir, pasando por alto el principio por el cual la declaración de inconstitucionalidad de una ley se aplica para el caso concreto y como última solución a un conflicto entre partes, la Corte declaró inaplicable una ley que los obligaba a ellos y al resto de los jueces a pagar un impuesto.
Además de esta declaración de inconstitucionalidad de una ley por medio de una acordada, sin caso concreto y con efecto erga omnes (para todos), hay que señalar que ella ha sido dictada por los mismos jueces, que no se excusaron.
En todos los casos previos donde se discutieron cuestiones salariales de los jueces, la Corte se excusaba -como correspondía, por tener interés en la resolución del conflicto- y el asunto era resuelto por conjueces sorteados.
Sin embargo, esta acordada donde se establece que los jueces no pagarán el impuesto a las ganancias, fue resuelta por los mismos jueces que deberían pagar ese impuesto.
Esto ya nos hace sospechar de su imparcialidad, que era precisamente lo que querían resguardar.
Intangibilidad de salarios
El fondo del asunto es el siguiente: la Constitución establece la intangibilidad de los salarios de los jueces.
Esta cláusula, cuya fuente es el artículo 3, sección 1, de la Constitución de Estados Unidos, tiene por objeto proteger a los jueces de presiones indebidas del Congreso por medio del manejo de sus salarios.
Así, ha dicho Hamilton, en El federalista N° 79, que "después de la permanencia en el cargo, nada puede contribuir más eficazmente a la independencia de los jueces que el proveer de forma estable a su remuneración..."
Y nuestra Corte Suprema, en "Fiscal c. Medina", agregó que "su libertad de juicio puede vacilar ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador hasta extremos que no le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos".
Esto es cierto, quien maneja la bolsa puede manejar la voluntad.
Sin embargo -coincidiendo con gran parte de la doctrina nacional- un impuesto general, no discriminatorio y con una alícuota razonable, jamás puede provocar esto.
Si un impuesto a las ganancias tiene por efecto la imposibilidad de que alguien cubra su subsistencia, debe ser declarado inconstitucional por los tribunales, ya sea el obligado un juez o cualquier ciudadano.
En cambio, en relación con nuestro impuesto a las ganancias esto no sucede y nunca su alícuota ha sido invalidada judicialmente.
Ciudadanos
En 1920, la Corte Suprema estadounidense declaró inconstitucional que el impuesto a las ganancias sea aplicado a los jueces.
Sin embargo, los jueces inferiores se negaban a aplicar este precedente que fue duramente criticado.
Es por esto que en 1939, en el caso "O´Malley v. Woodrough", la Corte abandonó el anterior precedente y consideró plenamente constitucional que los jueces paguen ganancias.
En ese caso, el juez Frankfurter dijo que "sostener que la ley significa un avance sobre la independencia de los jueces (...) haciéndoles cargar con su parte alícuota el costo de mantenimiento del gobierno, es trivializar la gran experiencia histórica en que sus redactores basaron la salvaguardia del artículo 3, sección 1.
Someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos, y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar".
Por todo esto y por la doctrina consultada, no debe haber inconvenientes constitucionales para que los jueces paguen, como el resto de los ciudadanos, el impuesto a las ganancias.
Lo consideramos justo.
Es el Congreso quien establece la estructura impositiva del país, y un impuesto progresivo a las ganancias es central en este sistema para contribuir a la justicia distributiva.
El impacto económico de esta distorsión no es menor.
En el mensaje del proyecto de presupuesto para 2004 se especifica un monto de 82 millones de pesos por esta exención al pago del impuesto a las ganancias.
El mantenimiento de este privilegio impide, por ejemplo, que cien mil niños o jóvenes pobres perciban una beca de estudios por 820 pesos anuales.
El Senado está a tiempo de terminar con esta ventaja corporativa, contribuyendo a mejorar las instituciones y disminuir la desigualdad, objetivos comunes a los que persigue el gobierno nacional.
Los autores son diputados nacionales (Frepaso).
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=538117
Como toda Familia, tiene sus “excéntricos”, equivalentes a Fort; o sea los abogados mediáticos.
Una colección de abogados mediáticos
Burlando, Llermanos, Pinto, Cúneo Libarona, Almeyra y Vald están en la causa
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=907062
Que sirven, y cobran, en los casos de alta exposición; no importa si es el Gordo Valor, la Banelco, Skanska, Mozarella en mal estado, "Madonna" Quiroz, Giselle Rímolo, hermanos Conzi, grupo de policías "Los horneros", o los represores del Proceso.
Como responde Luis Valor a Ramiro Sagasti, en La Nacion del Lunes 18 de setiembre de 2006.
-¿Qué tipo de armas usaban?
-Ametralladoras, fusiles, escopetas.
-¿Tenían contactos con la policía o la Justicia?
-Ibamos a comer asados con jueces y fiscales.
-¿Les pagaron a funcionarios para "arreglar" alguna causa?
-No. Se podía llegar a una solución, pero "arreglar", no.
Tuerce la boca, arquea las tupidas cejas.
No profundizará sobre este asunto.
En cambio, en un acceso de retórica premoldeada dirá que no le correspondía una pena superior a 15 años por la serie de robos por la cual fue condenado, pero que los jueces querían dejar sentado un precedente de que había condenado a una superbanda.
Por eso los 24 años.
…………..
-¿Cómo fue el 18 de mayo de 1995, su último día en libertad?
-A las seis de la mañana habíamos ido con mi señora a la casa de un amigo en Villa Lugano.
Yo tenía 18 teléfonos chupados por la SIDE y el hombre que iba conmigo hace una llamada y le dice a su mujer:
"Tené preparada la cama, que vamos temprano".
Escuchan eso y mueven el operativo.
Pero la detención no ocurrió enseguida.
Ese día, Valor, su mujer y los amigos almorzaron fideos con salsa.
Pasó la tarde.
Llegó la noche.
Comieron un asado con otros visitantes.
Valor ya había visto movimientos extraños en la calle.
Ahora dice que pensó en irse, pero que se quedó porque al día siguiente tenía que hacer un "trabajo": levantar unas sacas con 500.000 pesos o algo así.
Tenía planeado instalarse en Montevideo meses más tarde.
Estaba todo arreglado, pero no pudo.
-¿Cuándo llegó la policía?
-Como a las cuatro de la mañana.
Vino Rodríguez.
Mario Rodríguez [comisario que era uno de los referentes de la llamada "maldita policía", al que llamaban "Chorizo"]; insertado por mí.
Eran como 70.
Me entregué con condiciones: que no le hicieran nada a mi mujer ni a la gente de la casa.
Estaban los chicos, un nene y una nena, que ahora deben de tener 15 y 18 años.
Le dije a Rodríguez que me matara afuera y él me dijo:
"No. ¡Qué te voy a matar, Luis!", y lloraba.
El tipo me había estado buscando día y noche.
Después me pasaron a la provincia, para hacer como que me habían detenido en Morón, porque no tenían la orden para hacer el operativo en la Capital.
Hace una pausa.
Su cara adopta un ensayado rictus grave.
Dice: "Ya llevo 14 años procesado, porque no hay condena firme.
Me quiero ir.
Quiero las garantías que no me han dado".
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=841438
Para los nostálgicos, +50, la tarantela de los Campanelli.
http://www.youtube.com/watch?v=1OTCZSbfwZw&feature=related
