En la provincia de Buenos Aires, el intendente de General Madariaga, Carlos Santoro
(Cambiemos), presentó un recurso de amparo para socorrer a los vecinos
que estaban angustiados por la llegada de las facturas de gas que, en
algunos casos, superaron largamente los 5 mil pesos.
La intención del
jefe municipal fue frenar los aumentos,
considerando que el año pasado junto a su par de Villa Gesell habían
elevado un pedido para que esas localidades fueran incluidas –al igual
que sus vecinas Mar del Plata y Mar Chiquita– en la categoría de “zona
fría”.
Esta es una categoría que resulta en importantes beneficios para
sus habitantes.
La respuesta había sido negativa.
A mediados de marzo de
este año el jefe comunal insistió con esa solicitud que, al no tener
respuesta positiva, desembocó en el amparo presentado hace diez días.
Reto. El color político de Santoro le valió un reto del propio ministro Juan José Aranguren,
quien lo llamó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo, para luego
ordenarle que si no podía levantar el amparo le enviara lo presentado
para su análisis a fin de estudiar el caso.
La intención era evitar el efecto contagio
ante la eventualidad de que la Justicia le diera la razón, hecho que
generaría un nuevo problema que, en lo posible, sería mejor solucionar
puertas adentro del paraguas partidario.
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