martes, 24 de febrero de 2009

Piquetes, orden público y Justicia; 30/08/05

En más de una oportunidad, hemos reclamado desde esta columna la necesidad de que las autoridades garanticen el orden público frente a las manifestaciones de grupos piqueteros o de otros sectores que habitualmente coartan el derecho del resto de los habitantes a circular libremente por la vía pública. También se señaló que cumplir con aquel deber constitucional no debía implicar una represión policial ilegal ni descontrolada.

En los últimos días, luego de numerosas promesas incumplidas por sus funcionarios, el gobierno nacional exhibió por fin voluntad de evitar el caos al que desde hace mucho nos tienen acostumbrados algunos violentos de siempre. Tanto en la víspera como el viernes último se logró abortar el proyectado corte del tránsito sobre el puente Pueyrredón, al igual que la posibilidad de que grupos de piqueteros volvieran a acampar en la histórica Plaza de Mayo.

El cambio de actitud del Gobierno, tan esperado por el ciudadano común que sufre a diario las severas restricciones y violaciones de sus derechos amparados por la Constitución nacional, se produce dos meses antes de las elecciones legislativas, en momentos en que distintos sondeos de opinión pública reflejan el hartazgo social respecto de los abusos de los piqueteros y de la llamativa permisividad de las autoridades.

Cabe preguntarse si había que aguardar a que la presión social amenazara con afectar las perspectivas electorales del oficialismo para tomar medidas que desde hacía mucho tiempo dictaba el sentido común.

En efecto, el Poder Ejecutivo ha tenido una actitud ambivalente, porque pasó de alentar indirectamente este tipo de actos -cabe recordar que el propio presidente Néstor Kirchner agitó el instrumento del boicot a la empresa Shell- o de tolerarlos con el argumento de que no se iba a criminalizar la protesta social, a expresar su preocupación cuando los cortes y manifestaciones llegaron a un nivel políticamente irritante para una sociedad que se encamina hacia las urnas.

"Quiero saber dónde están los señores fiscales y jueces para que apliquen las leyes que corresponden para aquellos que están violando todas las normas", expresó el doctor Kirchner recientemente. Por un lado, tales afirmaciones parecen otra indebida y manifiesta intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial. La oportunidad en que se produjeron esos dichos presidenciales también da cuenta de que su invocación a los jueces y fiscales sólo se circunscribe a los delitos cometidos por las fuerzas de "ultraizquierda" y no a los de otra ideología o facción.

Frente a ello cabe preguntarse, por ejemplo, si los bloqueos que dispone el titular de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de camioneros, con aceitados contactos con el gobierno nacional, no son merecedores de ser calificados de delitos y, por consiguiente, pasibles de ser sancionados con idéntico rigor. La metodología utilizada por Moyano consiste en impedir el ingreso de mercaderías, indispensable para el abastecimiento y normal funcionamiento de los supermercados, en una evidente maniobra extorsiva para obtener "bajo presión" el cambio del encuadramiento sindical de los trabajadores que realizan tareas de logística en los supermercados, que revistan en la órbita del convenio mercantil, al gremio de los camioneros.

No puede perderse de vista -y mucho menos por quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia- cuál es el límite entre la legalidad y la ilegalidad. Si esa frontera aparece desdibujada y la posición de las autoridades es tolerarla o en algunos casos alentarla, el sistema mismo empieza a resquebrajarse. En consecuencia, resulta indispensable que desde el Poder Judicial se marque que no es posible en una sociedad que se precie de civilizada que cada uno haga lo que le parezca sin respetar el derecho de los demás.

La metodología de protesta piquetera plantea un atajo peligroso que debilita pilares básicos del sistema institucional no sólo porque se violan las normas constitucionales, sino también porque se vulneran los preceptos esenciales para canalizar el reclamo ciudadano y se apela a la violencia como instrumento para la prosecución de los fines. Estas conductas son siempre punibles. Tanto si provienen de la derecha como de la izquierda; tanto si se producen antes o después de unas elecciones. La ley no hace distingos de ningún tipo al respecto. Y así debe ser.


Editorial La Nación; hacer click aquí.



"Orden Público", según el Código Penal.

Fuente Portal de Abogados, hacer click aquí. 

Libro Segundo

Título VIII - Delitos contra el orden público

Rúbrica originaria conforme a la ley 23077. 

Cap. I - Instigación a cometer delitos


Art.209.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. 
(texto originario conforme a la ley 20509, con la modificación dispuesta por la ley 20642, que recuperó su vigencia según la ley 23077)

Cap. II - Asociación ilícita


Art.210.- Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. 
Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión. 
(texto originario conforme a la ley 20509, con la modificación dispuesta por la ley 20642.)

Art.210 Bis.- Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características: 
a) estar integrada por diez o más individuos; 
b) poseer una organización militar o de tipo militar; 
c) tener estructura celular; 
d) disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; 
e) operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; 
f) estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; 
g) tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; 
h) recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. 
Nota: Incorporado por la ley 23077.

Cap. III - Intimidación pública


Art.211.- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años.
(texto conforme a las leyes 15276 y 20509 con la modificación dispuesta por la ley 20642, que recuperó su vigencia según la ley 23077.)

Art.212.- Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación. 
texto según la ley 20642, conforme a la ley 23077. 

Cap. IV - Apología del crímen


Art.213.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Cap. V - Otros atentados contra el orden público


Nota.- Capítulo V agregado por la ley 16648, derogado por la ley 17567, recobró su vigencia por la ley 20509. 

Art.213 Bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este Código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. 
Nota: Texto conforme a la ley 20642. 


Título IX - Delitos contra la seguridad de la Nación

Cap. I - Traición

Art.214.- Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.215.- Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes: 
1) si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad; 
2) si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.216.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.217.- Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento. 
Nota: texto originario conforme a ley 23077.

Art.218.- Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común. 
Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gente, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. 
En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44. 
Nota: texto originario con el agregado de los párrafos segundo y tercero dispuesto por la ley 16648, conforme a la ley 23077. 

Cap. II - Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación


Art.219.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. 
Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión. 
Nota: texto conforme a la ley 23077.

Art.220.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratado concluídos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra o los salvoconductos debidamente expedidos. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.221.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un estado o del representante de una potencia extranjera. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077.

Art.222.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación. 
En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto. 
Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia Argentina. 
Nota: texto originario con el agregado del último párrafo dispuesto por la ley 16648, conforme a la ley 23077. 

Art.223.- Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.224.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.225.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el Gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Título X - Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional

Cap. I - Atentados al orden constitucional y a la vida democrática
Nota.- Rúbrica conforme a la ley 23077. 

Art.226.- Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. 
Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. 
Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio. 

Art.226 Bis.- El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años. 
Nota: Incorporado por la ley 23077. 

Art.227.- Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional). 

Art.227 Bis.- Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, con la disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado Nacional o de las provincias que consistieran la consumación de los hechos descriptos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes. 
Se aplicará de uno a ocho años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, a quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en alguno de los siguientes cargos: ministros, secretarios de estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de organismos descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales, o de empresas del estado, sociedades del estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del parlamento nacional y de las legislaturas provinciales. 
Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales. 
Nota: Incorporado por la ley 23077. 

Art.227 Ter.- El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.
Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
Nota: Incorporado por la ley 23077. 

Art.228.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis años de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase. 

Cap. II - Sedición


Art.229.- Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el Gobierno Nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio Federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley.

Art.230.- Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 
1) los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de este (art. 22 de la constitución Nacional); 
2) los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código.

Cap. III - Disposiciones comunes a los capítulos precedentes


Art.231.- Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. 
Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos. 
No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas. 

Art.232.- En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito. 

Art.233.- El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o mas personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar. 

Art.234.- El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. 
Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos. 
Nota: texto originario conforme a la ley 23077. 

Art.235.- Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena. 
Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años. 
Auméntase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este título, para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurran en ellos usando u ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad. 
Nota: el párrafo tercero de este artículo ha sido agregado por el art. 36 de la ley 13945. 

Art.236.- Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles. 

Microsoft: "La Argentina es uno de los mercados que más han resistido la crisis"

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lunes, 23 de febrero de 2009

Amarillo Siemens, Marrón VW y la Libertad Sindical

Fráncfort (Alemania), 17 nov (EFE).- La Fiscalía pidió hoy penas de cárcel para los acusados en el proceso por los supuestos pagos millonarios del grupo tecnológico alemán Siemens al sindicato amarillo AUB.

La fiscal superior Antje Gabriels-Gorsolke acusó al antiguo presidente del sindicato AUB Wilhelm Schelsky de evasión de impuestos y complicidad en desfalco en unidad de acto con fraude en caso grave y pidió seis años de prisión.

Además, en la Audiencia Provincial de Nuremberg (sur de Alemania), la acusación pidió tres años y medio de prisión para el ex miembro del comité ejecutivo de
Siemens Johannes Feldmayer por evasión de impuestos y desfalco.

Los dos acusados cerraron supuestamente un contrato por el que Siemens transfirió a Schelsky más de 30 millones de euros entre enero de 2001 y noviembre de 2006.

Los pagos estaban pensados para servicios, pero sirvieron, según la acusación, para la creación del sindicato amarillo AUB, que debía ser el contrapeso de IG Metall.

Schelsky hizo hincapié en que la cúpula directiva y el consejo de vigilancia de Siemens estaban informados de los pagos encubiertos.

Finanzas.com 17/11/08, hacer clic aquí.

El poderoso sindicato metalúrgico alemán IG Metall, el mayor del mundo, con 2,4 millones de afiliados, presentó ayer una querella penal contra el consorcio Siemens por la sospecha de que ha financiado y favorecido a un sindicato amarillo con pagos por un importe de 34 millones de euros.

La fiscalía de Núremberg ya encarceló hace meses a Wilhelm Schelsky, presidente del sindicato sospechoso denominado grupo de trabajo de miembros de la empresa independientes (AUB), y a Johannes Feldmayer, miembro de la presidencia de Siemens, bajo la sospecha de desfalco y de sobornos para favorecer la actividad sindical de AUB.

La demanda del IG Metall representa un hecho insólito en Alemania.

El mayor sindicato acusa por la vía criminal a una de las seis grandes empresas alemanas, la mayor del país por su valor de mercado y la sexta por volumen de negocio.

El presidente del IG Metall, Jürgen Peters, declaró ayer al anunciar la demanda:

"Tenemos la sospecha e indicios de que AUB se financió por medio de Siemens con la intención de crear una especie de sindicato anti-IG Metall".

El directivo de Siemens Feldmayer pagó a Schelsky, sin motivo ni contraprestación suficiente según la fiscalía, hasta 34 millones.

Se sospecha que buena parte de esa suma se dedicó a financiar el sindicato amarillo que en Siemens tenía bastante influencia a costa del IG Metall.

AUB controlaba a 19.000 representantes sindicales en toda Alemania y se define como un sindicato "opuesto a la lucha de clases".

En las disputas empresariales, AUB tomaba partido por las posiciones de la patronal.

Se trata del segundo escándalo en poco tiempo en que una gran empresa alemana se ve involucrada en un caso de sobornos a sindicalistas.

En Siemens, a diferencia de Volkswagen, no hay meretrices y fornicación gratuita de por medio.

Además, en el caso del consorcio automovilístico los corruptos, alguno ya condenado en firme, estaban afiliados al IG Metall.

En ambos casos, además de desfalco y delitos fiscales, la acusación se basa en delitos contra la ley de constitución de las empresas.

En su artículo 119 la citada ley castiga con hasta un año de cárcel o multa impedir o influir en la elección del comité de empresa.

La fiscalía tiene que actuar a instancia de parte, en el caso de Siemens el IG Metall.

El vicepresidente del IG Metall, Berthold Huber, destacó que en Siemens no se trata de faltas de representantes sindicales aislados, sino de algo sistemático en una dimensión inédita hasta ahora, que "exige la intervención de la fiscalía que cuenta con medios para investigar la dimensión de los hechos".

El escándalo de Siemens pone en entredicho la fama del anterior presidente del consorcio Heinrich von Pierer, el empresario mimado del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder y al que la canciller Angela Merkel ofreció la cartera de Economía.

El Pais.com 03/04/07, hacer clic aquí.

El escándalo de corrupción en que se halla Volkswagen, la empresa automovilística alemana por excelencia, supera en detalles a cualquier novela negra: un jefe de personal (Helmut Schuster) de una filial en el extranjero (Skoda en República Checa) exige dinero de empresas suministradoras para concederles contratos.
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En el ramo automovilístico desde la cuna (su tío abuelo, Sir Alec Issigonis, fue el creador del Mini), Pischetsrieder ha hecho rodar ya varias cabezas de alto nivel por oponerse a sus planes de reestructuración.

Los que más frenan sus proyectos son los sindicalistas del comité de empresa del poderoso consorcio.

Casualmente, durante la investigación del caso Skoda sale a relucir que el jefe del comité de empresa (Klaus Volkert) está envuelto en los asuntos oscuros de Schuster.


Volkert dimite "voluntariamente por razones de edad" y no está para nadie, tampoco para el sindicato metalúrgico (IG-Metall) de cuya Junta Directiva es miembro.
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El escándalo sube de tono.

La prensa investiga y lodo salpica para todos lados.

Aparecen testigos bien informados y anónimos afirmando que desde hace décadas la gerencia del consorcio invita a todo el Comité de la empresa a pequeñas vacaciones a Brasil, con prostitutas de lujo y jet privado, todo incluido.

Recibos de hasta 30.000 euros por los servicios de una prostituta habría firmado la gerencia de VW.

Una de las firmas pertenece al jefe de personal (Peter Hartz).

Casualmente, no hay ciudadano alemán que no conozca ese nombre: Hartz diseñó las controvertidas reformas sociales que al canciller Schöder, muy probablemente, le costarán el puesto.
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Si la gerencia de VW estaba al tanto de todo y compraba el visto bueno de su comité de empresa, el Consejo de Vigilancia también siempre lo supo.

Es decir, tanto el canciller Schröder como el sindicalista Peters habrían sabido de los negociados y la corrupción al interior de Volkswagen.

Y de aún más implicados de alto nivel habla la prensa basándose en datos proporcionados por fuentes anónimas.

De un escándalo para desprestigiar a la IG-Metall, hablan los sindicalistas que en parte apoyan al magullado gobierno socialdemócrata de Schröder.

La última casualidad en el asunto: Alemania vive tiempo de elecciones.

Deutsche Welle 07/05/05 , hacer click aqui.

Data acercada por el Compañero “Hexterminio”, y por supuesto coincido con su apreciación final.

“El Hombre es naturalmente Bueno; pero es mejor si se lo vigila”