Chile de Piñera, las Libertades Sindicales y los Derechos Sociales.

Reforma Laboral

En junio de 1979, Piñera cumplió con anunciar un programa de cuatro leyes, inspiradas en un ideal libertario, que cambiaron radicalmente la legislación sindical y de negociación colectiva en Chile:

1. D.L. 2.756 reinstauró sindicatos libres, sobre la base de requerir voto secreto para elegir a los dirigentes sindicales y permitir la libertad plena de afiliación a un sindicato dentro de una empresa;

2. D.L. 2.757 reguló la creación y operación de los sindicatos y asociaciones profesionales;

3. D.L. 2.758 creó un nuevo proceso de negociación colectiva descentralizada, cuyas bases fundamentales fueron:

1. la negociación colectiva ocurre entre los sindicatos de una empresa y los dueños de ésta, en lugar de la tradicional negociación por industria o, incluso, a nivel nacional que discriminaba en contra de las pequeñas empresas;

2. el derecho a huelga se definió como la negativa a trabajar sin ser despedido por ello, pero que no necesariamente implicara el cierre forzado de una empresa o actividad productiva;

3. permitió a los empleadores el derecho de lockout y, después de un período de sesenta días, el derecho a despedir a los trabajadores en huelga;

4. prohibió cualquier intervención del gobierno en los procesos de negociación colectiva entre sindicatos y empresas privadas;

5. instituyó un mecanismo "arbitraje pendular" (también conocido como oferta final) en los servicios públicos, en los cuales los desacuerdos no podían concretarse en huelgas sino en arbitraje obligatorio por parte de árbitros del sector privado, quienes tienen un mandato legal de decidir entre la última oferta de la empresa o la última propuesta del sindicato, pero sin escoger un intermedio que acomode las diferencias.

4. D.L. 2.759 resolvió temas laborales específicos y fortaleció la ley antimonopolio.

Reforma de las Pensiones

El 4 de noviembre de 1980, Piñera introdujo la revolucionaria Reforma de las Pensiones (D.L 3.500 y D.L 3.501), que permitió a los trabajadores optar libremente entre el sistema de pensiones administrado por el estado o invertir el impuesto de 10% sobre las remuneraciones en una Cuenta Personal de Jubilación administrada por el sector privado (AFPs). Los trabajadores que recién iniciaban su vida laboral, quedaban automáticamente adscritos al sistema privado de pensiones. Estas medidas concluyeron en la completa privatización del sistema de seguridad social en Chile. La Reforma de las Pensiones también introdujo dos cambios clave al sistema de salud: a) privatizó completamente el sistema de seguro por inacapacidad laboral, el cual se convirtió en parte integral del sistema de AFP (las AFPs son compañías privadas que, por cuenta de los trabajadores chilenos, administran las Cuentas Personales de Jubilación de éstos); y, b) permitió a los trabajadores abandonar el sistema gubernamental de seguro de salud y destinar el 7% de sus remuneraciones, en vez de al Estado, a comprar un seguro de salud básico en entidades privadas que se conocen como ISAPREs y que ofrecen una amplia variedad de planes de salud.

Las reformas descritas tuvieron un enorme impacto en la economía y sociedad chilenas. En febrero de 2007, 7,7 millones de chilenos tenía una Cuenta Personal de Jubilación administrada por una AFP de su elección. Debido a los constantes movimientos de entrada y salida del mercado laboral, esta cifra es superior a la actual fuerza de trabajo de 7 millones de chilenos. Respecto de las ISAPREs, a diciembre de 2006, tenían 1,2 millones de chilenos cotizando en ellas que, tomando en cuenta al grupo familiar, las ISAPREs proveían seguro de salud a 2,7 millones de personas lo que representa un sexto de la población chilena de 16,5 millones de habitantes a esa fecha.

La tasa de retorno promedio anual de las Cuentas Personas de Jubilación ha sido un impresionante 10.1% (real, después de inflación). Los recursos acumulados por los trabajadores en sus Cuentas Personales alcanzan los 90 mil millones de dólares, equivalente, aproximadamente, al 80% del PGB de Chile. Según William Lewis, el total de gastos del gobierno chileno, como porcentaje del PGB, disminuyó desde 34.3% en 1984 a 21.9% en 1990. Y la mitad de esa reducción de 12.4 puntos porcentuales correspondió a la disminución sustancial del gasto del gobierno en seguridad social.²

El economista Paul Craig Roberts, quien es conocido como el "Padre de la Reaganomics", ha destacado, que "Chile fue el primer país del mundo en privatizar la seguridad social. José Piñera desempeño el rol clave. Habría sido suficiente la privatización del sistema de pensiones para que José Piñera se ganara su lugar en la historia, pero el también influyó decisivamente en la privatización de los servicios de salud".³

Un informe preparado en 2006 por una Comisión designada por el gobierno y compuesta por legisladores de ambos partidos [1]) concluyó que el sistema de AFP estaba funcionado mejor de lo esperado para los trabajadores dependientes y que ahora era técnicamente posible y socialmente recomendable ampliar el sistema de capitalización individual a los trabajadores independientes de forma obligatoria. También concluyó que los ahorros fiscales producto del proceso de transición permitía fortalecer y extender la ya existente red de seguridad, consistente en una "pensión asistencial" y una "pensión mínima", las que serán combinadas en una "pensión básica". En marzo de 2008, el Congreso, por unanimidad, aprobó estos cambios paramétricos y otros ajustes menores, manteniendo el sistema de capitalización individual absolutamente intacto. La "pensión básica" mensual subió de $ 49.000 a $ 60.000 en 2008, y a $ 75.000 (US$ 150) en 2009, un monto claramente posible de financiar en un país con un superavit fiscal de 8% de su PGB para 2008.

Reforma Minera

El 1° de diciembre de 1981, José Piñera logró aprobar la Ley Constitucional Minera. La Ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional unánimemente (7-0). Esta Ley creó el fundamento legal que, posteriormente, permitió privatizar una cantidad significativa de importantes empresas estatales, particularmente en los sectores telecomunicaciones y energía. En la década de los 90, el sistema de concesiones a privados, introducido por la Ley Minera, se extendió al sector infraestructura -autopistas, aeropuertos, puertos, cárceles- que tradicionalmente habían sido parte de las Obras Públicas realizadas enteramente por el Estado. Las concesiones a privados, establecidas originalmente en la Ley Minera, permitieron una enorme inversión privada no sólo en minería sino en los sectores clave de la economía liberando recursos del estado para los fines que le son propios.

Transición a la Democracia

En abril de 1981, se informó que Piñera, en una reunión del gabinete de Ministros, enfrentó al general Pinochet para evitar que un importante líder sindical, Manuel Bustos, fuera exiliado. Como consecuencia, la orden de exilio fue revocada.⁴

El 2 de diciembre de 1981, el día después de la aprobación de la Ley Minera, Piñera renunció al gabinete para retomar la edición de su revista Economía y Sociedad, la cual estaba dedicada a luchar por la transición a un sistema democrático y a consolidar una economía de libre mercado.⁵ En aquellos años, todavía bajo el gobierno militar, Piñera escribió setenta artículos [2] en la prensa para defender los derechos humanos y la democracia.⁶

En 1990, después de la transición a la democracia de Chile, Piñera fundó el "Proyecto Chile 2010", con el objetivo de transformar a Chile en un país desarrollado al momento de cumplirse el bicentenario. En 1992, en un intento para probar que los pobres pueden entender y adherir a políticas de libre mercado para resolver sus problemas, postuló y fue elegido, con la más alta votación, Concejal de una de las comunas más pobres de Santiago: Conchalí. En 1993, efectuó una campaña testimonial como candidato independiente a Presidente de Chile, donde obtuvo el 6.18% de los votos.

Líder de la Privatización de las Pensiones

En 1994, Piñera fundó "The International Center for Pension Reform" para promover el modelo chileno en todo el mundo. En 1995, se convirtió en co-Presidente del Proyecto del Cato Institute de Estados Unidos para promover la libre elección en el sistema de Seguridad Social de ese país.⁷ Desde entonces, se estima que ha visitado alrededor de 80 países, 28 de los cuales han implantado Cuentas Personales de Jubilación siguiendo las directrices del "modelo Piñera". Por la imposibilidad de financiar completamente la transición hacia un sistema privado, la mayoría de esos países combinaron el sistema de Cuentas Personales con el antiguo sistema estatal que paga a los jubilados beneficios predeterminados con los ingresos de los actuales trabajadores (sistema pay-as-you-go).

El presidente de la "International Federation of Pension Fund Managers" comentó: "Hacia fines de 2006, 28 países (11 en Latinoamérica, 12 en Europa del Este y Central y 5 en otras partes del mundo) ya han introducido programas mandatorios de pensiones basados en la capitalización individual dentro de sus respectivos sistemas de seguridad social. Un total de 100 millones de trabajadores poseen ahora cuentas de ahorro en este tipo de programa y han acumulado fondos para su jubilación por más de US$ 255 billones. Ucrania y Rumania ya han aprobado reformas, que se implantarán entre 2008 y 2009, las cuales incluyen introducir programas de capitalización mandatorios en sus respectivos sistemas de seguridad social".

En junio de 2007, la prensa de Sudafrica publicó un artículo titulado "Applying passion to break poverty" en el que informaba de las conferencias de Piñera en Cape Town, Johannesburg y Durban.[3]

En mayo de 2008, Richard Rahn, Presidente del Institute for Global Economic Growth, escribió en The Washington Times: "Si a usted le pidieran nombrar una persona que ha permitido que más gente obtenga riqueza y seguridad que cualquier otra persona en el mundo, ¿a quién nombraría? En 1881, aquí en Berlín, Otto von Bismarck inició el primer sistema moderno estatal del mundo de seguridad social el cual sirvió de modelo para el sistema de seguridad social de Estados Unidos y de varios otros países, incluyendo la fijación de la edad de jubilación en 65 años. No, Bismarck no es la respuesta a la pregunta inicial. La respuesta es José Piñera"[4]

http://es.wikipedia.org/wiki/José_Piñera

http://en.wikipedia.org/wiki/José_Piñera

http://www.pensionreform.org/

http://www.elcato.org/node/4193

http://www.elcato.org/personas/bios/bio-jpinera.html

José Piñera Echenique es el hermano del candidato Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique.

La privatización de los Fondos de Pensión no afecta a las integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que mantienen sus sistemas de cotización en base al sistema de reparto.

CAPREDENA y CAPRECAR.

http://es.wikipedia.org/wiki/CAPREDENA

United States civil service

In the United States, the civil service was established in 1872. The Federal Civil Service is defined as "all appointive positions in the executive, judicial, and legislative branches of the Government of the United States, except positions in the uniformed services." (5 U.S.C. § 2101).^[1] In the early 19th century, government jobs were held at the pleasure of the president—a person could be fired at any time. The spoils system meant that jobs were used to support the political parties. This was changed in slow stages by the Pendleton Civil Service Reform Act of 1883 and subsequent laws. By 1909, almost two-thirds of the U.S. federal work force was appointed based on merit, that is, qualifications measured by tests. Certain senior civil service positions, including some heads of diplomatic missions and executive agencies are filled by political appointees. Under the Hatch Act of 1939, civil servants are not allowed to engage in political activities while performing their duties.

The U.S. civil service includes the Competitive service and the Excepted service. The majority of civil service appointments in the U.S. are made under the Competitive Service, but certain categories in the Diplomatic Service, the FBI, and other National Security positions are made under the Excepted Service. (U.S. Code Title V)

U.S. state and local government entities often have competitive civil service systems that are modeled on the national system, in varying degrees.

Federal agencies

Employees in the civil services work under one of the independent agencies or one of the 15 executive departments.

In addition to departments, there are a number of staff organizations grouped into the Executive Office of the President. These include the White House staff, theNational Security Council, the Office of Management and Budget, the Council of Economic Advisers, the Office of the U.S. Trade Representative, the Office of National Drug Control Policy and the Office of Science and Technology Policy.

There are also independent agencies such as the United States Postal Service, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the Central Intelligence Agency (CIA), the Environmental Protection Agency (EPA), and the United States Agency for International Development (USAID). In addition, there are government-owned corporations such as the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the National Railroad Passenger Corporation.^[2]

As of January 2007, the Federal Government, excluding the Postal Service, employed about 1.8 million civilian workers. The Federal Government is the nation’s single largest employer. Although most federal agencies are based in the Washington, D.C. region, only about 16% (or about 288,000) of the federal government workforce is employed in this region.^[3]

There are over 1,300 federal government agencies.^[4]

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_civil_service

No son tomados en cuenta ni los Estados, ni los Condados.

Her Majesty's Civil Service

Her Majesty's Home Civil Service^[1], also known as just the Home Civil Service, is the permanent bureaucracy of Crown employees that supports Her Majesty's Government - the government of the United Kingdom, comprised of a Cabinet of ministerschosen by the prime minister, as well as the devolved administrations in Wales (the Welsh Assembly Government) and Scotland (theScottish Government).

Under the principle of responsible government, ministers are accountable to the Sovereign (The Crown - the monarch of the United Kingdom) and the Parliament of the United Kingdom (and, in the devolved administration in Scotland, the Scottish Parliament) in administering the United Kingdom. However, their executive decisions are implemented by Her Majesty's Civil Service, the British civil service. Civil servants are employees of the Crown and not Parliament. Civil servants also have some traditional and statutoryresponsibilities which to some extent protect them from being used for the political advantage of the party in power. Senior civil servants may be called to account to Parliament.

In general use, the term civil servant in the United Kingdom does not include all public sector employees; although there is no fixed legal definition, the term is usually defined as "a servant of the Crown working in a civil capacity who is not the holder of a political (or judicial) office; the holder of certain other offices in respect of whose tenure of office special provision has been made; [or] a servant of the Crown in a personal capacity paid from the Civil List".^[2] As such, the Civil Service does not include government ministers (who are politically appointed), members of the British Armed Forces, police officers, local government officials, members of the National Health Service, or staff of the Royal Household. As of 2007, there are approximately 532,000 (499,000 full-time equivalent) civil servants in the Home Civil Service.^[3]

There are two other administratively separate civil services in the United Kingdom. One is for Northern Ireland (the Northern Ireland Civil Service); the other is the foreign service (Her Majesty's Diplomatic Service). The heads of these services are members of the Permanent Secretaries Management Group.^[4][5]

http://en.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty's_Civil_Service

Fonction publique française

La fonction publique française regroupe l'ensemble des fonctionnaires de France, soit :

• 1,750 million de fonctionnaires d'État selon l'INSEE¹
• 5,144 millions d'agents de la fonction publique, fonctionnaires inclus, au 31 décembre 2005², soit 22 % des emplois en France
• 5,971 millions de personnes si l'on suit une approche économique, en ajoutant les personnels d'organismes privés assurant des missions de services publics et financés partiellement par le budget de l'Etat, comme par exemple les personnels de l'enseignement privé sous contrat ou des hôpitaux privés sous dotation globale.³

Une réforme de la fonction publique a été engagée et un premier « livre blanc » a été publié en avril 2008⁴.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_publique_française